¡PATRIOTAS!

La tendencia a la creación de grandes bloques económico-políticos a partir de la segunda mitad del siglo XX y el proceso de globalización despertaron los sentimientos nacionalistas y con ellos el de patriotismo provocando una gran tensión en el seno de las sociedades, incluso de las más desarrolladas. Uno de los efectos del devastador colapso del capitalismo neoliberal es el de haber desnudado y dejado sin discurso a los patriotas.

Patria significaba originariamente «tierra donde yacen nuestros padres». Este concepto de fuerte carga emocional fue consagrado por la cultura romana, pero en Occidente, perdió vigencia durante la Edad Media  en el contexto del sistema feudal. Con el Renacimiento y el desarrollo de las monarquías absolutas y más tarde, tras la Revolución francesa, con la configuración del Estado nación el romanticismo burgués-liberal lo cargó de una emotividad vinculada a los sentimientos más primarios de los individuos. De aquí la exaltación de los héroes y los símbolos propios y de la identificación de la nación como un territorio sagrado. 

En este marco, la tradición republicana consideró que la soberanía nacional es un acto de poder que emana del pueblo [de aquí el principio que sustenta el sufragio universal], lo cual fue cuestionado por la corriente liberal proclamando que es una potestad que surge de la nación, con lo cual el sufragio no es un derecho ciudadano sino una función que ejerce quien mejor se identifica con los intereses del Estado y que justificó en su momento el voto censitario y el ejercicio del poder por parte de una elite económico-política.

De este modo, el liberalismo logró armonizar temporalmente dentro del Estado nación la evolución del sistema democrático y tendencia del capitalismo a transformar los territorios nacionales en mercados, y disimular las contradicciones que latían en su discurso. Cuando la tendencia expansiva del capitalismo chocó contra los límites del Estado, el liberalismo se radicalizó promoviendo la debilidad del Estado, marco institucional que los ciudadanos crearon para su protección colectiva, y convertirlo en simple gestor de la libertad, la cual sólo se identifica con la libertad de mercado.

Fruto de esta soberbia campaña de desprestigio y descapitalización del Estado, la economía acabó prevaleciendo sobre la política y, consecuentemente, llevando a los ciudadanos a un total desvalimiento. Esta campaña, que acabó contagiando a toda la clase política, tuvo y tiene como principales valedores precisamente a los sectores más conservadores de la sociedad que son al mismo tiempo quienes se arrogan la condición de patriotas y, como tales, han privatizado los símbolos nacionales para usarlos como armas arrojadizas contra aquellos que no participan de su ideario depredador. Sin embargo, la realidad ha dejado al conservadurismo neoliberal sin discurso. 

Resulta tan dramático como patético ver estos días a Mariano Rajoy y su gobierno tratando de salvar las incongruencias discursivas y de justificar las ocultaciones y falsedades que ellas conllevaban. Fue el líder del PP el que agitó la bandera de la «soberanía nacional» y casi enseguida corrió a Bruselas y luego a Alemania a explicar su política, cosa que podría aceptarse en el marco de la Unión Europea, pero no antes de hacer lo propio ante el Parlamento, donde precisamente reside la soberanía del pueblo español que él dice reivindicar. Él y todos los defensores a ultranza de la libertad de mercado no encuentran las palabras apropiadas para justificar la «nacionalización» de Bankia, ante el fracaso de la gestión privada del que iba a ser el gran banco de su partido, el cual, durante la presidencia de Aznar, emprendió la mayor privatización de empresas públicas de la historia de España. Tampoco encuentra palabras para justificar la desviación del déficit de las comunidades gobernadas por el PP sabiendo que ya no puede seguir echando la culpa a los demás, ni al gobierno Rodríguez Zapatero, ni al Banco de España ni al Central Europeo ni a Grecia. Tampoco parece tener palabras para explicar a la ciudadanía que entregue Goldman Sachs, uno de los causantes del gran colapso de la economía mundial, la verificación de las cuentas de Bankia y acepte que la UE envíe verificadores para comprobar el verdadero estado de las cuentas españolas, porque ya ni los suyos creen en lo que dicen.
Es tanta la desesperación de los patriotas españoles, que después viéndose en la tesitura de nacionalizar empresas privadas en bancarrota, apela al patriotismo encendiendo la hoguera de Gibraltar del mismo modo como, antes de nacionalizar Repsol-YPF, hizo la argentina Cristina Kirshner con las Malvinas, sin considerar que éstas siguen siendo un problema «distinto y distante», como dijo en su momento don Leopoldo Calvo Sotelo.

Mientras el número de desempleados sigue creciendo por encima de los cinco millones, a los que hay que sumar aquellos que no figuran en las estadísticas, pero que existen; mientras los desahucios continúan con absoluto menosprecio del derecho a la vivienda consagrado por la Constitución; mientras no parece haber otro cementerio que la misma sociedad para tanto activo tóxico; mientras millones de jóvenes carecen de una perspectiva de progreso; mientras se desmonta desvergonzadamente el Estado de bienestar; mientras se favorece la picaresca de los empresarios, a quienes no parece bastarles los contratos basuras y exigen semanas gratis de prueba, y la Justicia se muestra inoperante para evitar que los responsables se  retiren con millonarias jubilaciones, cabe preguntarse si no es hora de que los ciudadanos, cada uno en su ámbito de acción, trabajo o profesión, cambien las reglas del juego, cambien las estructuras verticales de los sindicatos y de los partidos, y se convoquen nuevas elecciones para quitar de en medio a tanto patriota. No en vano, Samuel Johnson, escritor inglés del siglo XVIII, afirmó que «el patriotismo es el último refugio de los canallas»

[SIN] RAZÓN DE ESTADO

La razón de la existencia del Estado surge de la necesidad primaria de los grupos humanos por armonizar su convivencia y asegurar su bienestar. Sin embargo, la clase política parece haber olvidado totalmente este principio fundamental y vaciado de sentido dicha razón provocando el desamparo y la infelicidad de la sociedad.

La consolidación del concepto de Estado como fórmula de convivencia y protección de la comunidad permitió que las tensiones entre los distintos grupos y clases sociales generaran sistemas de gobierno cuya evolución puede identificarse con los progresivos estadios de civilización. En Occidente, el gran salto cualitativo se produce a partir del siglo XVI, cuando el pensamiento racionalista favorece la concepción de un Estado laico y la tolerancia, los derechos humanos y las libertades civiles se convierten en pilares básicos de una sociedad  moderna que prefigura el sistema democrático.
La democracia, que tiene el liberalismo y el capitalismo como mecanismo ideológico-económico, si bien no resuelve la lucha de clases y, por tanto, no alcanza el ideal de justicia social, crea y extiende un espacio de acción política que permite un elevado grado de participación de los miembros de la comunidad dentro del  Estado. Éste se concibe como un conjunto de instituciones y leyes orientado a preservar la paz y la felicidad de los miembros de la comunidad; a regular las actividades humanas para que cumplan el objetivo del bien común, y a prestar los servicios públicos necesarios.
Todo esto significa que el Estado tiene una función y que tal función es gestionada por un gobierno cuya autoridad emana de la soberanía popular y cuyos recursos proceden de los ciudadanos a través de sus impuestos. Ahora bien, cuando una actividad social amenaza la felicidad social y degrada el bien común, es obligación del Estado regular e imponer límites a los excesos de tal actividad. El olvido de este principio básico de la razón de Estado, tanto por parte de la clase política como de gran parte de la ciudadanía, ha dado lugar a  que la acción económica haya usurpado el espacio de la acción política y que el Estado se encuentre sin recursos que le den fuerza y autoridad para cumplir con su función.
La función del Estado es regular los mercados porque la libertad económica está supeditada a la libertad y el bienestar de los ciudadanos y no al revés. La función del Estado es tener el patrimonio de bienes de producción, especialmente de materias y productos estratégicos para su seguridad  -energía, agua, transportes, etc.- y prestar los servicios públicos.
En la gestión de los servicios públicos, por ejemplo, es exigible la eficacia, pero ésta no necesariamente debe vincularse a la rentabilidad económica sino a la prestación misma del servicio. El transporte, el teléfono, la electricidad, el agua potable, la atención hospitalaria, la enseñanza, la recogida de basuras, incluso el banco, no son privilegios de poblaciones en los que puedan ser "rentables" sino derechos ciudadanos, también de aquellos que viven en pueblos pequeños más o menos aislados o alejados de los grandes centros urbanos.
La desregulación de los mercados, la privatización del patrimonio estatal y de los servicios públicos -enseñanza, sanidad, transportes, energía,  etc.- y la malversación de la soberanía es una falacia que ha convertido a los actuales Estados en meros gestores de la economía capitalista y, consecuentemente, en la sin razón de su propia existencia. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz y competitiva que la pública, porque en ese caso la justicia mercantil no estaría colapsada a causa de las suspensiones de pago y las quiebras. No es cierto que la gestión privada sea más eficaz y competitiva que la pública, porque en ese caso los bancos no estarían exigiendo a los Estados «inyecciones» de dinero público o las multinacionales privadas su intervención para que las defiendan de actos que entrarían perfectamente en el marco «del libre juego de la oferta y la demanda» que los gurúes neoliberales defienden con tanta pasión.
La ineficacia de un Estado y lo que pone en tela de juicio su propia existencia se pone de manifiesto en su incapacidad para preservar los puestos de trabajo de millones de personas, para mantener la seguridad ciudadana, para defender el derecho a la vivienda de los ciudadanos víctimas de la dictadura bancaria y para cumplir con la parte que le toca en el contrato social. Si un Estado llega a este grado de vulnerabilidad y degradación, la ciudadanía está en su legítimo derecho de retirarle el mandato a sus gobernantes, de dejar de pagar sus impuestos y, si cabe, de refundarlo.

¡ES POLÍTICA, IDIOTAS!

La decisión del Gobierno argentino de recuperar el control de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) ha desatado reacciones tan viscerales como teatrales que impiden un análisis racional y riguroso sobre la medida, su alcance y significación. El hecho sirve además para ejemplificar hasta qué punto la elite política está sujeta a la soberanía de los mercados, aunque su lenguaje sigue atado a un orden emocional que necesita de la exaltación patriótica para justificarse.

En 1922, el viejo caudillo de la Unión Civica Radical, Hipólito Yrigoyen, promovió la creación de YPF con el propósito de contar con una compañía de bandera para la explotación del petróleo y del gas del noroeste del país, que, en esos momentos, monopolizaban la estadounidense Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Con esta decisión, Yrigoyen no sólo abrió una brecha en la presión que ejercían las multinacionales sobre la economía y los recursos naturales del país, sino que, en el ámbito doméstico, logró acallar el ruido de sables que hacía el sector más nacionalista de las Fuerzas Armadas. ¿Qué había hecho el caudillo radical? Simplemente una maniobra política.

Cinco años más tarde, en 1927, en España fue creada Campsa, que junto a Hispanoil, abrieron el camino al gobierno de Felipe González para la fundación de Repsol. El objetivo era que España tuviera participación en el cada vez más complejo mercado energético mundial. Esta misma complejidad llevó a los socialistas a permitir la entrada a sectores privados en la compañía estatal. ¿Qué había hecho Felipe González? Simplemente una maniobra destinada a defender la parcela política que le corresponde al Estado.

Sin embargo, en 1997, justo un año después de ganar las elecciones y en el momento más álgido de la entronización de los mercados, el gobierno conservador de José María Aznar, presa de la fiebre neoliberal, inició la venta de las empresas estatales, entre ellas Repsol, y el vaciamiento del patrimonio estatal. A partir de ese año, Repsol pasó a manos de un grupo de accionistas privados ajeno a cualquier bandera que no sea la del capital. ¿Qué había hecho el caudillo del Partido Popular? Simplemente una maniobra política de signo económico orientada al desmantelamiento del Estado en beneficio «de los mercados».

Por esa misma época, en Argentina, el peronista Carlos Menem hacía lo propio y vendía todo lo que el Estado argentino tenía hasta convertirlo en una entelequia política en la que sucumbió en 2001 el radical Fernando de la Rúa, cuya denostada figura aún está pendiente de un análisis serio que le devuelva su integridad a ojos de la ciudadanía. En 1999, Menem vendió, entre otras compañías estatales, Aerolíneas Argentinas a Iberia e YPF a Repsol. Es decir, a una compañía que ya no pertenecía a España sino a unos inversores privados. ¿Qué había hecho el caudillo peronista? Simplemente contribuir al desmantelamiento del Estado en beneficio «de los mercados».

Con estos antecedentes ahora cabe entrar en el sentido de la expropiación de Repsol-YPF ordenada por la presidenta Cristina Fernández de Kirshner y en el papel del Gobierno español que preside el conservador [me niego al contrasentido del adjetivo «popular» en este caso] Mariano Rajoy. Tanto Argentina como España, como la mayoría de los países del planeta, no sólo han malvendido sus empresas nacionales sino que al hacerlo han aceptado que el Estado sea mero gestor de los intereses del gran capital. Es decir que sus gobernantes han incumplido el contrato social y vulnerado la soberanía que los legitimaba. De modo que toda manifestación de patrioterismo está fuera de lugar. En Argentina, porque el discurso político está viciado del rancio caudillismo populista, himno, bandera y bombo, y en España, porque el discurso político del Gobierno español está contaminado por el apolillado espíritu de la Contrarreforma.

Independientemente de las cuestionables oportunidad, formas y causas domésticas -inflación, desabastecimiento energético, casos de corrupción en uno de los cuales aparece comprometido el vicepresidente Amado Boudou- como se ha procedido a la expropiación de Repsol, nadie puede sinceramente negar la legitimidad de la medida ¿Qué ha hecho la presidenta Argentina? Simplemente tratar de recuperar mediante un acto político el sentido de existir del Estado y la soberanía malversada de su país. ¿Qué ha hecho el primer ministro español? Simplemente hacer de corifeo de intereses económicos que nada tienen que ver con el Estado español. 

Lo que resulta chocante para muchos, tanto para los patrioteros de uno y otro lado, como para los dirigentes de una clase política que ha naturalizado su subordinación a la soberanía del «mercado», es encontrarse de nuevo con una acción política interfiriendo en la acción económica y no a la inversa. La histeria con que han reaccionado el Gobierno español y la Unión Europea jaleados por una prensa comprometida con los intereses privados se debe a que, a pesar de sus esfuerzos, ya no reconocen la política como protagonista de la vida de los países y de los ciudadanos y con ello arrastran a estos a aceptar resignadamente que sean despojados de su bienestar y de su imaginación. El regreso a la acción política hará que los Estados y con ellos sus ciudadanos recuperen su soberanía dejando sin efecto la perversa jurisdicción de los mercados, los bancos mundiales, los golmandsachs y los efemeís sobre la vida de las personas.

Pino Solanas expone detalladamente el proceso de privatización, argentinización y expropiación de YPF.

LOS PATRONES DE LA LENGUA

Varias comunidades autónomas, universidades y sindicatos han publicado unas guías o manuales con indicaciones de cómo hay que hablar para no ser sexista. La Real Academia Española ha reaccionado con un informe rechazando tales instrucciones por inviables, pues si se siguen «no se podría hablar».

La toma de conciencia de la injusticia social, dentro de la que cabe el concepto de discriminación, sea racial, sexual o de cualquier otra naturaleza, constituye uno de los elementos más positivos atribuibles al progreso de los sistemas democráticos de gobierno. Las lenguas no son ajenas a esa dinámica en tanto son vehículos de la cultura y la ideología de los hablantes. Es decir, según lo formuló Ferdinand de Saussure, que toda lengua es diacrónica y al mismo tiempo sincrónica. La diacronía es el sustrato histórico de la lengua, a sus cimientos, y la sincronía al habla, a la dinámica de su superficie y que se mueve y modifica de acuerdo a las condiciones y circunstancias de los hablantes. Quienes ignoran estos conceptos tienden a confundirlos y a cometer torpezas y a pretender guiar el habla hacia entelequias absurdas generando una jerga estúpida y absurda, como la que ahora se promueve desde ciertos estamentos sociales e institucionales. Es ¿comprensible? que funcionarios o sindicalistas puedan caer en esta trampa ideológica porque son profanos en la materia y los mueve el deseo de alcanzar un ideal, pero sin duda es incomprensible que profesores universitarios allegados al campo lingüístico y filológico den cobertura intelectual al disparate de interpretar el genérico como una especie de capricho normativo «no democrático».

Es cierto que la lengua castellana tiene un elevado componente sexista, también violento, racista, homófobo, etc., pero su modificación no depende de buenas instrucciones normativas sino de la evolución ideológica de la sociedad, cuya habla irá asumiendo las nuevas condiciones de la relación entre los individuos [¿o he de decir aquí «y de las individuas» para no ser sexista?]. e incorporándolas al sustrato histórico de la lengua si tales condiciones se internalizan y consolidan en una nueva cultura. La «visibilidad de la mujer» en el lenguaje ni su emancipación social se verificarán, como tampoco se reducirá la violencia machista, porque se diga «personas becarias» en lugar de «becarios», «maestros y maestras» en lugar de «los maestros», etc., porque en la realidad tampoco el niño se siente menoscabado en su varonía al incluírselo en «la niñez» o el ciudadano varón por formar parte de «la ciudadanía», ni tampoco el «futbolista» pide que le llame «futbolisto».

Está claro que quienes impulsan estas absurdas campañas no se fundamentan en estos conceptos básicos de la lengua, sino en un buenismo simplista barnizado de progresismo que, paradójicamente nace en el principio conservador de la «corrección política». Una corrección vinculada al «pensamiento único» cuyo propósito es la creación de una realidad enajenada. La razón instrumental de la que hablaban los filósofos de la Escuela de Frankfurt aplicada por quienes controlan el poder a las ciencias sociales, los medios de comunicación y la publicidad les ha permitido fraguar un discurso alienante que, en su fase actual, ha hecho del eufemismo y la torpeza léxica su principal herramienta de trastorno semántico de las palabras y, consecuentemente, de la realidad e identidad de los individuos. Pretender cambiar la cultura y los hábitos sociales escribiendo manuales de habla es tan torpe y absurdo como querer empezar una casa por el tejado y no por sus fundamentos. 

TRAGEDIA EN BUENOS AIRES

Un convoy con casi dos mil pasajeros a bordo se estrella en Once, una de las grandes estaciones ferroviarias de Buenos Aires y deja más de cincuenta muertos y seiscientos heridos. Se trata de la mayor tragedia de trenes en los últimos treinta años en Argentina, pero el séptimo en el último año, con un saldo de veintitrés víctimas mortales y cerca de trescientos heridos en 2011. 

Ante la magnitud del accidente y de la serie que le precedió cabe preguntarse si es posible hablar de «accidentalidad» o de responsabilidad. Y en este caso, si la responsabilidad es sólo atribuible a la Administración o también a la ciudadanía que, como tal y a través del voto, consciente la corrupción y un estado de cosas que apenas oculta el brillo verde del dólar o de la soja.

La reiteración de los accidentes y el pésimo estado del  transporte público de Argentina, cuya red ferroviaria fue desmantelada en tiempos del presidente Menem, beneficiando así a la mafia sindical que controla el transporte por carretera, y gran parte de lo que quedó de ella, principalmente en el radio urbano de la megacapital argentina, fue privatizada, indica que algo de fondo está fallando en su gestión. 

La realidad indica que el beneficio económico y la desidia han acabado formando una mezcla altamente corrosiva que pone en peligro la vida de miles de personas mientras la responsabilidad de la clase política se escuda detrás de un discurso demagógico y unas políticas que tienden a mantener el statu quo social, donde prevalece la marginación susbsidiada y la apariencia de un progreso que sólo es la costra de una riqueza clandestina concentrada en pocas manos.

Desde este punto de vista ¿qué sentido tiene declarar dos días de luto? ¿devolverán estos dos días de duelo la vida a las víctimas? ¿serán suficientes las palabras y los lugares comunes para consolar a los deudos? Y lo que es más importante, este nuevo dolor que vive la sociedad argentina ¿moverá a quienes se saben responsables de la tragedia a asumir su responsabilidad? ¿a corregir sus errores? ¿a rescindir su contrato social y devolver a  eso que ellos llaman «pueblo» la representatividad que han contaminado con el caudillismo, sus ambiciones personales y partidistas? ¿y la sociedad argentina seguirá comportándose como una masa ofuscada por el mito sin apelar a la práctica de la civilidad que le daría a ella un mayor bienestar y justicia, y un mejor destino al país? 

PALABRAS ZOMBIES

El proceso de globalización desarrollado bajo el impulso del neoliberalismo no sólo ha trastocado las fronteras que definían el mapa internacional sino también el sentido de palabras y conceptos sobre los que se fundaba el orden social y moral de la modernidad. Si bien tales palabras y conceptos permanecen en el discurso político  ya constituyen cadáveres del lenguaje.

En el capítulo cuarenta y nueve de la Edda Menor se cuenta la historia de una cruenta batalla que no cesará hasta el «crepúsculo de los dioses», pues los guerreros que mueren al atardecer son los que combaten al día siguiente. Como esos guerreros muertos que siguen combatiendo cada día en una batalla interminable, muchas palabras se siguen utilizando aunque ya han perdido sus vidas. El sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro La invención de lo político las llama zombies, muertos vivientes según el sincretismo animista del vudú. 

Por un lado la globalización impulsada por el capitalismo neoliberal y por otro las políticas perversas de control  y represión social generadas durante la Guerra Fría e intensificadas tras los atentados del 11-S han sembrado de minas el campo semántico del lenguaje creando, con la inestimable colaboración de la clase política y de los medios de comunicación, una profunda inestabilidad y confusión en el sentido de las palabras. Desde  esta perspectiva, vocablos o conceptos como Estado, nación, soberanía, familia, empleo, tortura, etc., aparecen vaciados de contenido porque ya no dicen lo que se supone que dicen porque sus límites semánticos han sido relativizados y se han tornado difusos. 

El Estado, y concretamente el Estado-nación, ya no define el marco en el que determinada comunidad encuentra su identidad y, en consecuencia, la tradición, la historia, la cultura y los usos propios, sino un espacio menor subsumido por otro mayor que puede ser, institucionalmente, el Estado transnacional, pero sobre todo por el poder económico que ha reducido su jurisdicción política y vulnerado su soberanía en favor del mercado. Así, la palabra soberanía -nacional o popular- también ha sido vaciada de contenido porque los parlamentos nacionales ya no legislan a partir del mandato sus ciudadanos locales, sino a partir de un poder supranacional.

Tampoco la voz empleo tiene el mismo sentido que tenía, pues tenerlo ya no significa trabajar en un marco más o menos protegido, sino en otro condicionado por la inseguridad, la flexibilidad, la precariedad, etc., términos que alejan al trabajador cada día más de los beneficios logrados tras duras batallas sociales de la clase trabajadora. Así, la jornada de ocho horas, por ejemplo, ya sólo es un esqueleto conceptual superado por la realidad de las horas extras gratuitas, y no siempre requeridas, implementadas por el temor a perder el puesto de trabajo si no se hacen. ¿Y qué decir de la familia, concepto superado por la realidad y al que se quiere, en este caso, acotar a valores tradicionales conservadores? Igualmente la palabra tortura, acaso una de las voces conceptualmente más claras, se ha visto sometida a un ataque de relativización a su precisión, como se desprende de los manuales de la CIA y del discurso de la Administración estadounidense, haciéndola aparece como una voz indefinida equiparable a abuso, exceso, apremio, secuestrando así la imaginación del individuo, como diría Irene Lozano. 

Este desplazamiento del campo semántico de muchas palabras constituye acaso uno de los mayores dramas que vive la humanidad en el presente, porque siembra la confusión y el ruido,  y clausura el entendimiento y dificulta la convivencia entre los seres humanos.

DEL [MAL] USO DEL DERECHO A LA LIBERTAD

Mentiroso. Aquí el que manda es el banco

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la ONU proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las nociones de la dignidad humana y de la libertad de los individuos se han extendido en el imaginario de los pueblos creando el marco ideológico propicio para su respeto. Sin embargo, paralelamente, la instrumentalización interesada de algunos de esos derechos ha propiciado un vaciamiento significativo de tales nociones y una consecuente degradación de la vida social.

Una de las cuestiones fundamentales que se plantean está en el uso defectuoso que se hace del derecho a la libertad -de opinión, de expresión, de mercado, por ejemplo- con el propósito de servir a intereses espurios vinculados al poder, principalmente económico. Reflejos de esta utilización perversa del derecho a la libertad en cualquiera de sus manifestaciones se observan en los medios de comunicación, agencias de publicidad, partidos políticos, centros de poder económico, etc., pero también en los ciudadanos que se inhiben de toda participación en los asuntos públicos. 

El origen de esta deriva que parece conducir a los pueblos hacia su propia destrucción está en la progresiva hegemonía del concepto liberal del derecho a la libertad, según el cual éste es natural y por tanto anterior al individuo, sobre el concepto republicano del mismo, que interpreta que el derecho nace de las leyes. Si se interpreta que la libertad es un derecho natural del individuo nada debe oponerse a él y, consecuentemente, es legítimo que haga lo que quiera hasta que tope con otro que, en libre competencia, se lo impida hacerlo. Este principio natural, para el que no valen las leyes, es el que inspira el liberalismo que aboga por la desaparición del Estado y con él el tácito contrato social por el que la ciudadanía le confiere la soberanía, es decir, su legitimidad. Este principio natural inspira también a los medios de comunicación, agencias y ciudadanos que hacen uso de la libertad de expresión o de opinión convencidos de que este derecho los autoriza a decir lo que quieran.

Una de las creaciones de la civilización humana ha sido el Estado como un constructo que -independientemente de sus degeneraciones- tiene la función de proteger y velar por la seguridad, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. La libertad de expresión está delimitada por las leyes que emanan de las instituciones de este Estado, pero aun así exige, sobre todo a aquellos que, por su posición social, su cargo o su oficio, gozan de cierta relevancia, una conducta ética y responsable como para saber que opinión no equivale a verdad absoluta que debe ser impuesta a golpe de grito y que, si no está lo suficientemente preparado para debatir determinados asuntos, ha de abstenerse de hacerlo en un medio de comunicación u otro medio público capaz de influir. No es lo mismo que un ciudadano opine entre amigos a que lo haga un funcionario, un intelectual o cualquiera que esté investido de cierta autoridad y dotado de influencia.

La libertad de mercado también está delimitada por las leyes -o debería estarlo- porque en la medida que el ámbito del juego político cede poder al económico y los tecnócratas, ejecutivos, directivos de marketing, etc., sustituyen a la clase política, el debate sobre el interés del bien común desaparece en favor del interés económico monopolizado por unos pocos, y en esta situación el ciudadano es excluido de la batalla política, en cuyo campo puede hacer una clase política anoréxica y vulnerable a la corrupción.
El hecho de que las agencias de valores hagan temblar a los Estados aparece como algo difícil de comprender para los ciudadanos, quienes contemplan atónitos cómo la soberanía de los mismos ha sido secuestrada y el poder económico -representado por los bancos, entidades financieras y compañías multinacionales- se regodean ante su inminente triunfo. Un triunfo inevitable a menos que los trabajadores -desde obreros hasta policías- pierdan su miedo a la libertad y actúen cambiando por dentro los partidos políticos, refundando sus sindicatos aburguesados y ocupando las fábricas, supermercados, hospitales y otros centros de trabajo para cortar la sangría de la que son víctimas.

LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL «NUEVO MUNDO»

Los conceptos de propiedad intelectual y de derechos de autor vienen siendo cuestionados con el pretexto de la libertad de acceso y disposición de los contenidos que, supuestamente, concede Internet. Para muchos internautas la red no es un mero soporte tecnológico sino el principal «paradigma» de un idílico «nuevo mundo», que representa la panacea de la gratuidad y la felicidad futuras.

La vertiginosa irrupción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana ha suscitado no pocos trastornos adaptativos y de percepción de la realidad en la sociedad. Esto ha dado lugar a que muchos consideren, por ejemplo, a internet como la panacea del conocimiento porque a través de la red puede consultar la localización de un país del que unos segundos antes no tenían noticias de su existencia o acceder a la información básica de cualquier disciplina científica o género artístico con solo pulsar un botón de su ordenador. La simplicidad de este gesto les ha hecho pensar por un lado de que "ya saben" la materia y por otro a confundir la "facilidad de acceso a la red" con "libertad concedida por la red". De esta confusión surge la exigencia al derecho a la gratuidad de todos los contenidos. 

Pero estos internautas ignoran [en realidad todo se reduce a la ignorancia] de que el soporte de papel ya brinda esa gratuidad para los contenidos que, según los plazos establecidos por la ley, se consideran de "dominio público". Ignoran de que el cambio de soporte no significa cambio de sistema económico y que hasta el día de hoy el sistema que rige todo el planeta es el capitalista. Por lo tanto, no puede ignorarse, que los bienes artísticos y culturales también son susceptibles de la compra-venta, pues los creadores son propietarios intelectuales de sus obras y, por tanto, acreedores de los derechos de autor que ellas generan. Y esto será así hasta que el capitalismo no sea abolido y sustituido por un sistema que aún permanece en la utopía.

Lo que algunos llaman ingenuamente «nuevo mundo» regido por también nuevos paradigmas probablemente estén hablando de lo que algunos sociólogos -Peter Drucker, Daniel Bell, Alvin Toffler, André Gortz, etc.- llaman «sociedad del conocimiento». Esta sociedad, que sería una fase de la sociedad posindustrial, estaría caracterizada por el predominio del trabajo intelectual sobre el manual. En el marco de esta sociedad «el conocimiento es lo que se conoce objetivamente, una propiedad intelectual, ligado a un nombre o a un grupo de nombres y certificado por el copyright o por alguna otra forma de reconocimiento social (por ejemplo, la publicación). Ese conocimiento tiene su precio; en el tiempo empleado en escribir e investigar; en la compensación monetaria por los medios de comunicación y de educación [...] El conocimiento forma parte de las altas inversiones sociales», apunta Bell en Las contradicciones culturales del capitalismo (Alianza Universidad, 1977). Esto significa que el amor al arte es un subterfugio utilizado por el poder y difundido por los románticos para chantajear y explotar a los creadores que viven de sus creaciones y de sus conocimientos.

El proceso hacia esa «sociedad del conocimiento», en el que juegan un papel importante los avances científico-tecnológicos, también lleva aparejadas profundas transformaciones sociales, entre las cuales ya es perceptible el mayor peso del conocimiento -científico, tecnológico, humanístico- sobre la habilidad manual como valor de cambio para la nueva clase trabajadora. De modo que al hablar de propiedad intelectual en este caso es hablar del servicio que el trabajador ofrece, y hablar de derecho de autor es hablar de salario adecuado a la naturaleza abstracta de un servicio convertible en un aparato, un medicamento, un libro, etc.

Ahora bien. Cabe preguntarse el por qué de la campaña orientada al menoscabo de la propiedad intelectual y la desaparición de la figura del autor. Marcuse en El hombre unidemensional (Ariel, nueva edición 2010) se pregunta -pensando en el carácter perverso del sistema- si la amenaza de una catástrofe nuclear capaz de aniquilar la raza humana no sirve también «para proteger a las mismas fuerzas que perpetúan este peligro». Según él, el sistema induce a la población a una «Conciencia Feliz», que es «la creencia de que lo real es racional y que el sistema entrega los bienes». Si seguimos esta línea de pensamiento, vemos cómo desde los medios de comunicación y los centros de poder opacos se incentiva a esa nueva fuerza fáctica del «nuevo mundo» que son los internautas a reclamar la gratuidad de los contenidos en detrimento y proletarización de los trabajadores intelectuales, pero al mismo tiempo las grandes corporaciones tecnológicas de la información y contenidos, van tomando posiciones y apropiándose masivamente de los derechos de autor y de las obras, incluidas los de dominio público, para gestionarlos en exclusividad en el futuro.¿Es esto lo que quieren los piratas y los defensores del copyleft? ¿Es esto lo que quieren los profetas del «nuevo mundo» y sus paradigmas? ¿Cuánto tiempo tardarán dichas corporaciones en imponer su dictadura, cobrar el peaje a todos los accesos e imponer contenidos que sólo respondan a sus patrones ideológicos? 

LA REVOLUCIÓN ES POSIBLE

Mientras los poderes fácticos del capitalismo parecen haber tomado el control de la economía mundial y estén situando a sus representantes en los puestos de gobierno y bancos nacionales, la población asiste azorada e impávida al derrumbe del Estado como institución en la que los pueblos habían depositado su soberanía.

La tradición jurídico-política que empieza con el pensamiento humanista del Renacimiento perfiló el Estado como entidad capaz de articular la sociedad y permitir que los individuos -«el hombre es un lobo para el hombre», escribió Hobbes- viviesen en armonía. La evolución de esta idea se enmarca en la historia moderna de Occidente que, dejando atrás el mundo mítico medieval y su correlato social y político, el feudalismo, instaura bajo el patrocinio de la razón la autonomía y soberanía del individuo y, consecuentemente, al pueblo como fuente del poder político. Un poder político que, mediante un contrato social, es ejercido por unos representantes en el marco institucional del Estado. 

Sin embargo, el liberalismo, que inicialmente propició el desarrollo del sistema democrático, utilizó los principios humanísticos básicos de la Ilustración proclamados por la Revolución francesa -libertad, igualdad, fraternidad- para impulsar un tipo de civilización sustentada exclusivamente en el orden económico. La idea de libertad del liberalismo no la determinan las leyes que ordenan y armonizan las conductas individuales en el contexto social, como postula la tradición republicana, sino los mismos individuos, lo que supone legitimar la ley del más fuerte y sus intereses particulares. 

Es sobre esta línea del pensamiento liberal que, tras la caída del bloque soviético y, desaparecida la amenaza del comunismo, el neoliberalismo se revolvió contra las versiones más humanísticas del liberalismo, como el keynesianismo, y emprendió un furibundo ataque a la noción de Estado, al que presenta como «obstáculo  para la libertad», convirtiéndolo con este pretexto en mero gestor de sus intereses. Como resultado de ello, la política, entendida como el conjunto de acciones y conductas destinadas a proteger a los ciudadanos y cuidar de su bienestar procurándoles la paz y la felicidad, ha cedido al poder de lo económico y dado lugar a la emergencia del mercado como sustituto del Estado.

Esto explica la impotencia de los gobiernos para neutralizar los «ataques de los mercados» a las economías nacionales. La clase política no sólo carece de recursos y de poder para cumplir con los términos del contrato social, sino que gran parte de ella ha sido infiltrada por los burócratas del poder económico-financiero que gobierna de facto el mundo. La soberanía popular, verdadero sustento de la democracia, y la soberanía nacional, extensión particularizada de aquélla, han sido sobrepasadas por las élites de la violencia  y las fuerzas  de un capitalismo salvaje que controlan casi todas las instancias del poder político.

Desde este punto de vista cabe preguntarse si de verdad es esto una crisis sistémica o si es la última fase de un proceso que conduce a la toma del poder absoluto, para instaurar un régimen totalitario, cuyos dirigentes  parecen invitar a la guerra, como lo hicieron sus antecesores en las Primera y Segunda guerras mundiales.

Entonces ¿qué hacer? Seguramente muchos mirarán el movimiento de indignados y buscarán en él alguna respuesta. Pero no encontrarán nada, salvo un malgasto de energías y voluntades que no tienen consecuencias prácticas [¿qué incidencia han tenido en las últimas elecciones españolas?, por ejemplo], por la sencilla razón de que esa legítima indignación que los mueve también está condicionada y sometida por la idea de que, finalmente, toda lucha es inútil y que no hay salida. Por esto, para hacer, para recuperar la autoestima ciudadana y la soberanía popular, es necesario volver a creer en la política y que ésta, la política, vuelva a prevalecer sobre la economía; empezar por democratizar los partidos políticos trabajando desde dentro de ellos; procurar transformar nuestro entorno inmediato y, sobre todo, autoconvencerse de que las revoluciones son posibles.

EL CABALLO DE TROYA

El capitalismo es el caballo de Troya, el presente griego, que el liberalismo dejó en un territorio agotado por las  guerras y el esclavismo, cuyo propósito, con la equívoca utilización de la bandera de la libertad, era crear un perverso sistema de dominio.

Las ideas republicanas, cuyos orígenes hay que buscarlas en la antigua Grecia, impulsan el desarrollo de la democracia sobre dos pilares fundamentales: la soberanía popular y la libertad. La primera permite concebir un sistema de gobierno basado en la virtudes cívicas de los ciudadanos y el imperio de la ley como mecanismo defensivo frente al imperio de los hombres. La segunda, en el marco del imperio de la ley, surge de modo natural como principio de no dominación de los hombres por otros hombres. La libertad individual no existe por sí misma sino como expresión de la libertad colectiva que emana de las instituciones.

Sin embargo, el liberalismo, que se desarrolla como sostén ideológico del capitalismo, define a la libertad como un derecho natural del individuo a cuya voluntad no puede oponérsele impedimentos y, por lo tanto,  ha de tener patente de corso para hacer lo que quiera. Esta concepción de la libertad individual en detrimento de la libertad colectiva es la que acaba imponiéndose arrastrada por las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. La Constitución de EE.UU. y la Revolución francesa consagran la soberanía popular como fuente de todo poder político, pero también la libertad individual como bandera del progreso y el bienestar de todos en el falso supuesto de que todos tienen igualdad de oportunidades. «Libertad, igualdad y fraternidad» es el lema de los revolucionarios franceses.  

De este modo tan sutil como perverso el liberalismo introdujo en el imaginario popular la idea de que todos los individuos son libres e iguales ante la ley, cuando en realidad habían abierto la puerta al dominio de una oligarquía burguesa, cuya capacidad de poder se demostraría históricamente muy superior a las oligarquías aristocráticas que, en Occidente, alcanzaron su máxima expresión en las monarquías absolutas. El soberbio poder de esta oligarquía se fundamentó desde el principio en el control acumulativo de los bienes de producción, el cual trajo consigo su hegemonía económica y cultural, y, finalmente, la reducción del concepto de libertad al de libertad de comercio y flujo de capitales en detrimento de las demás libertades civiles y de los derechos humanos. 

Una vez introducido su caballo de Troya en el sistema democrático, esta oligarquía, que hoy podemos identificar con bancos y compañías multinacionales, fue vaciando de contenido las instituciones democráticas, debilitando el papel regulador del Estado, deslegitimando a la clase política al convertirla en marioneta de sus intereses y con ello reduciendo la soberanía popular a una mera ilusión, y, lo más grave, adormeciendo, mediante el consumo y la vacuidad del discurso, el impulso contestatario de los pueblos. 

El resultado de este proceso natural del sistema capitalista es la alienación social, la frustración y la carencia de ilusiones en el futuro, mientras una minoría sostenida por especialistas de la violencia [la producción de la industria militar es superior a la alimenticia] goza de un dominio global y muy pocos creen que las cosas puedan cambiar. Mientras por el camino se desintegraban los principios de igualdad y fraternidad y el de libertad era canibalizado por el mercado, los gurús del posmodernismo sentenciaban el fin de las ideologías, de las utopías y el fracaso del comunismo, pero nada han dicho ni dicen de la degeneración y fracaso de la democracia Llegado a este punto ¿qué hacer? aparece como una pregunta que vuelve a cargarse de sentido para que los pueblos den una respuesta a las agresiones del poder.

[La doctrina del shock, de Naomi Klein, es reveladora de los mecanismos utilizados por el neoliberalismo para alcanzar sus propósitos de dominio mundial]